Los cuatro principales dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron este miércoles una intensa actividad en la Expoagro 2025, la mega muestra agropecuaria que se realiza en San Nicolás. Cuando el ministro Luis Caputo visitó le exposición, ellos se mostraron tolerantes y comprensivos con los pedidos de paciencia que lanzó el funcionario. Pero el gobierno, al rato, no mostró la misma tolerancia a la hora de hablar de sus planes de ajuste en el INTA, que incluiría el despido de cientos de trabajadores.
“Vuelven a la carga”, fue la síntesis de una reunión que Nicolás Pino (de Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro) mantuvieron esta tarde con representantes del Ministerio de Economía. Del otro lado estaban el jefe de Gabinete de Agricultura, Manuel Chiappe; el presidente y la vice del INTA, Nicolás Bronzovich y Pilu Giraudo, y en cierto momento también participó el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Pero el que llevó la voz cantante fue el principal operador de Juan Pazo en este sector del gobierno, llamado Martín Fernández.
Contaron las fuentes que el tema más importante de la reunión fue el ajuste del INTA. Y el tono de la conversación fue de reproche y hasta de apriete. ¿Por qué razón? Porque hay cuatro representantes de las entidades rurales que por ley integran el Consejo Directivo del INTA. Y junto a otro representante de los grupos CREA y dos delegados de las universidades nacionales de Agronomía y Veterinaria, constituyen una mayoría de siete votos en un órgano de diez personas, donde solo tres responden directamente al Poder Ejecutivo.
Hace unos días, en la última reunión del Consejo Directivo del INTA, el gobierno de Javier Milei intentó que se aprobara un severo plan de ajuste, para reducir a 4.500 personas la planta de personal del organismo tecnológico agropecuario, lo cual implicaría la cesantía de más de un millar de personas. Para lograr semejante recorte, el Ejecutivo proponía el cierre definitivo de más de 200 agencias de extensión rural desplegadas por todo el país, así como los Institutos llamados IPAF dedicados especialmente a generar tecnologías para los productores minifundistas.
La motosierra deberá esperar: El Consejo Directivo de INTA aprobó el proyecto de reestructuración interno y por ahora se pospone el fuerte ajuste que impulsa el gobierno
Los enviados de Pazo, pese a esa falta de precisiones, pretendieron además convencer a los dirigentes agropecuarios sobre la necesidad de colocar al INTA bajo una suerte de “intervención administrativa” semejante a la que ya rige en el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), donde el actual titular de ARCA y ex secretario coordinador de Producción en el Ministerio de Economía designó a una funcionaria suya, llamada María Eugenia Barbieri, en la Unidad de Gerenciamiento Ejecutivo. Para el INTA, Juan Pazo imagina una solución similar, aunque vaya a contrapelo con las reglas que rigen la vida institucional de ese organismo.

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