La mayoría de los gobernadores que concurrirán a la primera convocatoria del Gobierno de cara al Pacto de Mayo, respaldan la propuesta anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, pero tienen dudas sobre su contenido y llegarán a la reunión de este viernes a las 15 con una serie de reclamos.
Especialmente, sobre cómo se va a plasmar la promesa de alivio fiscal para las provincias, a cambio de apoyo a la nueva versión de la Ley Bases que enviará al Congreso. Buscarán certezas sobre la reactivación de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias con el objetivo de recomponer las alicaídas arcas provinciales, después de la quita de subsidios, la desaparición del FONID – que no fue renovado -, y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.
Los mandatarios provinciales enfrentan una fuerte reducción en sus recursos, básicamente, por tres razones. Una es la baja en el impuesto a las Ganancias promovida por Sergio Massa en la campaña electoral, ya que se trata de un tributo que se coparticipa en un 60% y cuya marcha atrás estará hoy en la mesa de negociación. La discusión sobre la reversión de Ganancias no tiene asegurados los votos en el Congreso, por la falta de consenso dentro de los sectores dialoguistas y el rechazo que ya adelantaron varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y los patagónicos, preocupados por el impacto sobre la clase media trabajadora y la merma que viene sufriendo la recaudación de ese impuesto.
Las otras dos, tienen que ver con la caída en la recaudación por el freno a la actividad económica que, a nivel nacional se traduce en una baja en la coparticipación automática, y la merma en los ingresos por impuestos provinciales.
En la mesa de negociación estará presente, también, la coparticipación del impuesto PAÍS, que impulsan los mandatarios provinciales pero es resistida por Milei, y la quita de las retenciones al campo que reclaman Santa Fe y Córdoba, y que apoyó Mauricio Macri en su visita a Expoagro.
El panorama de sequía fiscal en las provincias, se agravó por la interrupción casi absoluta en las transferencias no automáticas de Ejecutivo nacional a las provincias desde el 10 de diciembre, incluidas aquellas con algún respaldo por ley, o con partidas previstas en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año.
Las discrecionales son las únicas transferencias que pueden ser suspendidas o redireccionadas por el Gobierno nacional en función de la «caja» disponible o por un criterio político. En ese sentido, se diferencian de la coparticipación federal, que se gira automáticamente según un porcentaje prefijado a medida que ingresan los impuestos que recauda la Nación. Hay dos tipos de giros discrecionales: los corrientes, para pagar gastos ordinarios de las provincias -cruciales para los mandatarios que enfrentan déficit en sus distritos- , y los de de capital, para financiar inversiones a largo plazo, y cuya interrupción implicó, de hecho, un freno a la obra pública en todo el país.
Los gobernadores se quejan que esos giros se frenaron o llegan «en cuentagotas», básicamente por compromisos asumidos en la anterior gestión que no se habían ejecutado. Según los últimos datos, en febrero de 2024, esas transferencias discrecionales tuvieron una caída real interanual del 88% y, en el primer bimestre del 2024, del 91%, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadín Argañaraz. Fueron casi $ 52.000 millones comprometidos en febrero mes pasado que no se giraron a las provincias.
Este es uno de los principales motivos por el que 21 mandatarios de los 24 concurrirán a la Casa Rosada a la convocatoria formalizada el miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Según el análisis del IARAF, en febrero, las transferencias discrecionales comprometidas – o sea, gasto devengado – tuvieron una baja real del 67%. Pero lo efectivamente pagado, fue aún menos: 23 de los 24 distritos recibieron en total apenas $ 18.250 millones de Nación, un 88% menos en términos reales respecto de febrero de 2023, en la gestión de Alberto Fernández.
El gasto comprometido en febrero era de casi $ 70.000 millones, pero la Nación solo giró el 26% por lo que dejó de pagar $ 51.175 millones a las provincias. Si se suma los fondos «frenados» por la Nación en enero, esa deuda de fondos discrecionales comprometidos en el primer bimestre del año ascendía, al 1ro de marzo, a $ 101.000 millones. Esto se debe a que, en los dos primeros meses, desde Economía solo se giró el 16% del gasto devengado. Esta deuda es lo que están reclamando las provincias, y buscarán en la reunión alguna certeza sobre lo que pasará de marzo en adelante.
«Está claro que el Gobierno nacional cortó las transferencias discrecionales, en un cambio de paradigma, por el ajuste que está llevando a cabo. Y si bien en febrero aumentó el porcentaje de lo girado respecto de enero, igualmente es muy alto lo que no se está pagando, ni se está devengando», analizó Argañaraz.
Una docena de los 24 distritos recibieron apenas $ 18 millones o menos durante todo febrero de transferencias discrecionales. Peor le fue a La Rioja, la única provincia que no recibió nada, pese a que – hasta el 2023- estos giros no automáticos tenían un peso significativo en las finanzas provinciales. La Rioja tenía comprometidos el mes pasado apenas $ 2 millones, que tampoco llegaron. Lo mismo sucedió en enero, con cero transferencias de este tipo. Un año atrás, en la gestión de Alberto Fernández, el distrito había recibido $ 2.673 millones a valores de ese momento.
El gobernador riojano es uno de los opositores peronistas que mantiene una fuerte disputa con Milei. De hecho fue el que recurrió a la Corte Suprema de la Nación para objetar judicialmente la constitucionalidad del mega DNU dictado en diciembre por el Presidente. A principios de febrero, Quintela presentó una demanda en contra del Estado Nacional por la retención indebida de fondos coparticipables como «una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente» a la provincia. «Hoy, La Rioja no sabe si no va a recibir nada en todo el año, o va a recibir algo, y en ese caso, cuándo. Se genera una incertidumbre muy grande», advirtió Argañaraz.
«Lo ideal es que los gobernadores inicien un diálogo concreto y claro con la Nación, que tenga un objetivo conjunto de llegar a un acuerdo. Es clave que se evite estos conflictos que vimos y su judicialización, como está sucediendo. Porque esta incertidumbre termina en la suba de las carga tributaria en las provincias, como ingresos brutos o el impuesto a los sellos. Y después, no se vuelve atrás de esa mayor carga tributaria provincial», sostuvo el economista del IARAF.
Las transferencias discrecionales en 2023
En 2023, como publicó Infobae, la Nación repartió discrecionalmente a las provincias casi $ 1,9 billones, según el informe «Anatomía de las transferencias» de otro think tank en temas económicos, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. A valores constantes de enero 2024, considerando la inflación, equivalen a casi $ 3,8 billones.
El 21,5% de los giros discrecionales el año pasado fueron transferencias corrientes ($ 297.451 millones) para gastos ordinarios de la provincias. Otro 21% se canalizó el año pasado a través del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que alcanzó $ 289.021 millones en 2023, establecido por ley para complementar el sueldo de los docentes provinciales. La no prórroga del Fonid, que dejó de estar vigente el 31 de diciembre último y el Gobierno nacional ratificó que no lo extenderá, complicó el comienzo de clases en la mayoría de los distritos. En algunos – como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, o Chubut – los gobernadores utilizaron recursos propios para pagar ese complemento salarial docente, pero quieren discutir hoy qué pasará a partir de marzo.
Casi el 17% del total de los giros no automático ($ 231.396 millones), tuvieron como destinataria a la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA, el que ahora Milei decidió sacarle a Kicillof por decreto. Había sido creado por otro decreto de Fernández en 2020, luego de una protesta de la Policía Bonaerense que puso en jaque al gobierno bonaerense, quitándole recursos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro 12,7% se transfirió a través del Programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, que incluye los ATN, y representaron $ 174.850 millones.
En tanto 12,3% fueron aportes de la ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación ($ 170.354 millones), y el 11% de las transferencias discrecionales fueron hecha a través del Programa de Asistencia Financieras a las Provincias ($ 152.696 millones).
Finalmente, el 4,7% de los giros discrecionales de 2023 -$ 65.383 millones- correspondieron a los recursos que debió enviarle la Nación a CABA, por el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad.
Si se consideran las transferencias discrecionales per cápita, tanto corrientes como de capital, el estudio del IERAL revela que en los primeros puestos aparecen todos distritos peronistas o de mandatarios afines a la anterior gestión del Frente de Todos. Encabeza el ranking La Rioja, con $ 187.183 por habitante; le sigue Santa Cruz con $ 93.427 por habitante; Tierra del Fuego, con $ 85.823; La Pampa, con $ 74.012; Catamarca con $ 71.966; y Formosa con $ 71.628 por habitante. Excepto está última, que tiene 607.000 habitantes, el resto alberga a menos de 500.000 residentes en sus distritos. Buenos Aires, la más populosa del país con 17,5 millones de bonaerenses, quedó en el puesto número 11: en 2023 recibió $ 47.028 por cada bonaerense.
En el otro extremo, de acuerdo al informe del Ieral, las provincias que recibieron menos fondos discrecionales de la Nación por habitante fueron Córdoba ($ 16.417) y Mendoza ($ 17.646), ambas gobernadas por mandatarios opositores hasta el 10 de diciembre de 2023. Le siguieron Santa Fe ($ 23.427), Chubut ($ 25.164) y San Juan ($ 25.706).
«Las provincias que reciben transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado (la transferencia de la Policía), son: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego», señala el informe realizado por los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli.
Fuente: Infobae
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