En Unión por la Patria denunciaron que el presidente Javier Milei «avasalla las facultades del Congreso nacional»
El gobierno de Javier Milei remitió ayer al Congreso nacional el DNU 179/2025 para autorizar el programa de «facilidades extendidas» con el Fondo Monetario (FMI), con el objetivo de que se apruebe en Diputados y, de ese modo, blindar el acuerdo que consiga con el organismo para cancelar las deudas con el Banco Central (BCRA) y fortalecer las reservas.
La Casa Rosada consumó el envío pese a que tenía diez días hábiles para comunicar al Congreso su decisión dado que quiere acelerar la aprobación del DNU en Diputados, ya que con el aval de una sola Cámara logra blindar el acuerdo que firme con el organismo internacional.
Esto es así porque la ley 26122 de DNU establece que, con el respaldo de una sola Cámara, queda firme la medida del gobierno.
Ahora, la comisión bicameral de Tramite Parlamentario deberá convocar al correspondiente debate y tendrá diez días hábiles para emitir el respectivo dictamen, que luego se tratará en el recinto de sesiones.
El primer obstáculo a superar será la elección del nuevo presi dente de ese cuerpo parlamentario en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, ya que este año la jefatura le corresponde a Diputados.
Todavía no hay consenso entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas sobre quién será el nuevo presidente de la bicameral y las opciones en danza eran Lisandro Almirón (LLA), el macrista Diego Santilli o el radical Francisco Monti, cercano al oficialismo.
De todos modos, si el oficialismo tiene dificultades para emitir el dictamen le queda la variable dejar vencer los diez días hábiles e ir directo al recinto para tratar el DNU. Pero, para eso, deberá construir una mayoría junto al PRO, a la UCR, el MID, Independencia, Innovación y un sector de Encuentro Federal.
También deberá buscar, como hizo en otras oportunidades, el respaldo de diputados de Unión por la Patria (UP) y las opciones que tiene son los legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Paralelamente, el bloque de Unión por la Patria denunció que la decisión del gobierno de habilitar las negociaciones con el FMI a través de un DNU es «un nuevo avasallamiento» de Milei a las facultades del Congreso, al considerar que se debió autorizar al Ejecutivo con la sanción de una ley.
De ese modo, el kirchnerismo rechazó el DNU que el gobierno mandó al Congreso para autorizar el acuerdo de «facilidades extendidas» con el FMI.
Asimismo, los legisladores que responden a cuatro mandatarios peronistas, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, buscarán hacer escuchar sus voces y contribuir a que el decreto sea rechazado.
Macri y Pullaro En tanto, las críticas del expresidente Mauricio Macri a la decisión del Ejecutivo de sellar por DNU el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no fueron bien recibidas en la Casa Rosada, que, en permanente tensión con el titular del PRO, lo acusó de hablar «de cosas que no entiende».
«Macri habla de cosas que no entiende. No tiene idea de cómo funciona un DNU», sostuvo un importante funcionario luego de que Macri, de paso por Expoagro (ver página 13), planteara que la decisión de Milei «demuestra debilidad institucional y no ayuda a generar confianza».
Por su parte, también en Expoagro, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el tema «tiene que pasar por el Congreso».
En ese sentido, el jefe de la Casa Gris se diferenció del gobierno libertario y aseguró: «En Santa Fe hubiésemos mandado un proyecto de ley, porque somos muy respetuosos de las instituciones».
«Ese decreto tiene que pasar por el Congreso, como indica la Constitución Nacional, ya sea para aprobarlo o para rechazarlo», agregó. El mandatario santafesino también señaló que «a uno le pueden gustar más o menos las formas».
De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas «tendrán un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses».
El programa de «facilidades extendidas» con el FMI, el objetivo inmediato de la administración libertaria.
