La vice, condenada por corrupción, viaja a Viedma, donde se espera que critique los fundamentos del TOF2.
Campaña de afiches. Ella no quiere competir y perder, y sus fieles siguen con el libreto de la proscripción.


«Es la instancia final de un juicio patético, no hay ninguna carga probatoria».
Con esas palabras, fuentes del kirchnerismo cercanas a Cristina Kirchner buscaron desacreditar ayer la divulgación de los argumentos de la sentencia del juicio por la obra pública en Santa Cruz por parte del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad, que resumieron que los hechos investigados se encuadraron en un caso de «corrupción estatal de un perjuicio descomunal».
La ex Presidenta no tenía ninguna expectativa. En su departamento de la zona sur de la Ciudad -hace meses que ya no vive en Juncal y Uruguay, en Recoleta- analizó las más de 1.600 fojas de la sentencia, y se llamó a silencio, a la espera de que este viernes, desde Viedma, en el marco de una disertación en la universidad nacional de Río Negro, aluda al tema.
Más allá del silencio de la vice, sí hubo en el kirchnerismo diferentes dirigentes que salieron a repudiar la sentencia. Uno de los más efusivos fue el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, que horas antes había originado un encendido debate interno por su participación en la cena inaugural de la muestra Expoagro.
«El código electoral reemplazó al código electoral, hoy entramos en una etapa de proscripción», aseguró el funcionario, el principal delegado de Cristina Kirchner en el Ejecutivo.
«Este es otro día de persecución, donde sectores del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador», abundó el ministro.
En una línea similar, el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que la condena contra la vice es «netamente política» y advirtió que «lo único que se busca es proscribirla» para que no participe en las elecciones 2023.
Ya en la noche del miércoles, en la previa de la oficialización de los fundamentos del TOF2, el kirchnerismo había lanzado una campaña virtual de afiches en contra de la supuesta «proscripción» que, según ese sector, el Poder Judicial ejerce sobre la vicepresidenta.
«Haga patria, rompa la proscripción, cuide a la Argentina, milite a Cristina» y «Vamos para adelante con Cristina presidenta» son algunas de las pegatinas virtuales, con el hashtag «basta de proscripción», que el cristinismo viralizó a última hora del miércoles y durante todo el jueves.
En ese sentido, hasta desde la Casa Rosada salieron a criticar la resolución, en línea con el discurso presidencial del 1 de marzo de apertura de sesiones ordinarias con el que Alberto Fernández buscó, en vano, acercar posiciones con el kirchnerismo: habló de «inhabilitación política» por parte de la Justicia.
«El Presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a Cristina e inhabilitarla para ejercer funciones políticas.
También es una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes políticos», explicó Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, en su habitual conferencia de los jueves, en la que también aprovechó para ahondar las diferencias con el cristinismo: dijo que Fernández no tenía previsto responder a la ofensiva lanzada en estos días por Andrés Larroque, que había calificado días antes de «surrealista» al jefe de Estado.
Hoy, Cristina hablará otra vez en público en Viedma, para disertar frente al auditorio de la universidad provincial -viaja en las primeras horas del día, y no está previsto que la acompañen demasiados dirigentes- : se espera que de su versión de la divulgación de los fundamentos de la sentencia del juicio por vialidad.
Al otro día, el sábado, el kirchnerismo del Gran Buenos Aires lanzará oficialmente el operativo clamor para que revea su decisión de no presentarse a las elecciones de este año, como anunció a fines del 2022. La consigna es «Luche y vuelve».




SATISFACCIÓN EN JUNTOS
«Fue un plan para saquear el Estado», dijo la oposición

«Ni Lawfare ni proscripción, el fallo del Tribunal Oral confirma que durante la presidencia de Cristina Kirchner se ejecutó un plan para saquear al Estado con la obra pública de Santa Cruz. No hay relato que pueda tapar una verdad comprobada: se robaron más de 83.000 millones de pesos», sostuvo ayer el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, tras conocerse los fundamentos del tribunal a la condena contra la vice y sus cómplices.
Para Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica, los fundamentos de la sentencia «concluyen de manera categórica, razonada y ajustada a derecho la responsabilidad penal de Cristina Kirchner.
Los fundamentos y la prueba desarman las trampas argumentativas de que todo es discutible o subjetivo: acá hubo robo a la nación, hechos concretos y políticos corruptos».
«Los jueces dieron por probado y ampliado lo que Elisa Carrió denunció en soledad hace muchos años: un robo sistemático de los recursos públicos a favor de intereses privados de empresarios amigos del poder.
Quedó evidenciado un interés personal de Cristina Kirchner en la operatoria criminal y su participación material en múltiples operaciones comerciales con Lázaro Báez a través de sociedades ilegalmente beneficiadas», agregó.
El diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, dijo en tanto que «los argumentos del tribunal son muy sólidos y hay una carga probatoria muy completa.
La corrupción no solo es traicionar la voluntad y la confianza del pueblo. La corrupción también mata como lo hizo en Once».




Repercusiones de un fallo
Es otro día de persecución, donde el Poder Judicial vuelve a mostrar un rol disciplinador. Es una etapa de proscripción».
Wado de Pedro – Mtro del Interior

A este Poder Judicial no le importan ni los hechos ni las pruebas y el objetivo es prohibir que Cristina vuelva a participar».
Martín Soria – Mtro de Justicia

El fallo confirma que se ejecutó un plan para saquear el Estado con la obra pública en Santa Cruz. Se robaron 83.000 millones».
Mario Negri ? UCR

Los argumentos del tribunal son muy sólidos. La corrupción no solo es traicionar al pueblo. También mata como pasó en Once».
Cristian Ritondo ? PRO

Los jueces dieron por probado lo que Elisa Carrió denunció en soledad hace años: un robo sistemático de los recursos públicos».
Maxi Ferraro – Coalición Cívica